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Despidos en la Asamblea en medio de auditorías y denuncia de la Contraloría
Será la Fiscalía Anticorrupción quien investigue la denuncia presentada por la Contraloría.
Panamá/En medio de las auditorías y de la denuncia presentada por la Contraloría General de la República ante el Ministerio Público por posibles irregularidades en la contratación de personal que estaría cobrando “salario sin cumplir con su jornada de trabajo", los rumores de despidos empiezan a resonar en toda la estructura del Legislativo.
El secretario general de la Asamblea, Carlos Alvarado confirmó el despido de 25 personas que tomó la presidenta de la Asamblea Dana Castañeda y que los mismos no corresponden al tema de la auditoría que se realiza en la Asamblea, sino que va dirigida a su promesa de reducir la estructura central de ese órgano del Estado.
"La auditoría no ha terminado y no guarda una relación una cosa con la otra", enfatizó.
Más temprano, diputados aseguraron que aunque no era confirmado, conocían del rumor de que hubo despido en el Legislativo.
“He escuchado de algunas destituciones, lo cual a mí no me sorprende; en todas las instituciones hay casos a diario”, dijo el diputado Luis Eduardo Camacho, de la bancada de Realizando Metas. A su juicio, esta situación es “normal”.
Camacho planteó que el rol de la Contraloría es fiscalizar el uso de los fondos públicos, realizar auditorías de control previo y, si encuentra irregularidades, presentar las pruebas correspondientes.
Señaló que le sorprende que, en las investigaciones presuntamente realizadas por la Contraloría, las personas señaladas tengan años trabajando en la Asamblea. “A mí me consta que varias de ellas vienen a trabajar (…) si hay un problema en la Asamblea con la planilla, la Contraloría y su oficina de control fiscal, que opera dentro de la Asamblea, es parte del problema. Porque si están presentando denuncias contra personas que sí han venido a trabajar, entonces hay un problema en la elaboración de la denuncia y en la auditoría”, cuestionó.
Por su parte, Janine Prado, jefa de la bancada independiente Vamos, afirmó: “A esta hora no tenemos un comunicado oficial, solamente ciertos rumores, y no hemos recibido respuesta alguna”. Señaló que este tema debe ser consultado con la presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda.
Adelantó que en el próximo periodo legislativo volverán a presentar el anteproyecto de ley “antibotellas”.
Este martes, según fuentes de la Asamblea Nacional, se realizó el pago a los funcionarios a través del sistema ACH. Sin embargo, ante la denuncia presentada por la Contraloría, encabezada por Anel Bolo Flores, se retuvo el pago a unas 121 personas mencionadas en la denuncia, la cual es investigada por la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público.
Estas personas, en su mayoría, estarían vinculadas a despachos de la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
“Durante el desarrollo de la auditoría relacionada con la disposición del gasto de sueldos, se pudo constatar preliminarmente que algunos funcionarios públicos de la Asamblea Nacional se encuentran percibiendo emolumentos salariales sin que hubiesen cumplido sus jornadas de trabajo contempladas en el Reglamento de Recursos Humanos de dicha institución. El anotado incumplimiento se enfoca en la inexistencia del ejercicio de los respectivos cargos o destinos públicos para los cuales fueron nombrados”, se lee textualmente en la denuncia presentada el pasado viernes por la Contraloría en el Ministerio Público.
El contralor general, Anel Bolo Flores, ya había advertido en reiteradas ocasiones que llevaría el tema al Ministerio Público. “No hemos encontrado funciones, marcaciones ni evidencias de trabajo. Esas personas serán referidas al Ministerio Público para que rindan cuentas”, declaró en su momento, señalando que se habían retenido más de 300 cheques, aunque tras una depuración la cifra fue disminuyendo.
Como parte del proceso de auditoría, que inició el 20 de marzo, la Contraloría suspendió los pagos electrónicos por ACH durante abril y emitió más de 4,000 cheques manuales a los funcionarios legislativos. Esta medida buscaba rastrear con mayor precisión el destino de los fondos públicos.
Con información de Yenny Caballero.
