Fiscalía Anticorrupción investigará denuncia interpuesta por la Contraloría por 'botellas' en la Asamblea Nacional

Panamá/El escándalo por el presunto cobro de salarios sin trabajar en la Asamblea Nacional ya está en manos del Ministerio Público. Se trata de una denuncia penal por presuntos delitos contra la administración pública en la modalidad de corrupción de servidores públicos que reposa en el despacho de la procuradora encargada, Anilú Batista Carles, y la cual será remitida a la Fiscalía Superior Anticorrupción para su debida investigación de acuerdo con funcionarios de esta entidad investigativa.

La denuncia fue presentada por la Contraloría General de la República, luego de detectar que funcionarios de la Asamblea Nacional cobraban salarios sin cumplir sus jornadas laborales ni ejercer funciones reales dentro del Órgano Legislativo.

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Esta acción legal fue interpuesta el pasado viernes por Irving Álvarez y Antonio Moreno, en representación de la Contraloría, basándose en el artículo 349 del Código Penal. En la denuncia se detalla que, durante la auditoría a la planilla legislativa, se constató que ciertos funcionarios públicos estarían incurriendo en "incumplimiento del ejercicio de los respectivos cargos o destinos públicos para los cuales fueron nombrados", contraviniendo lo establecido en el artículo 145, numeral 19, de la Ley 9 de 1994. Esta norma prohíbe que cualquier servidor público "cobre salario sin cumplir con su jornada de trabajo".

“Que durante el desarrollo de la auditoria relacionada con la disposición del gasto de sueldo se pudo constatar preliminarmente que algunos funcionarios públicos de la Asamblea Nacional se encuentran percibiendo emolumentos salariales sin que hubiesen cumplido sus jornadas de trabajo contempladas en el Reglamento de Recursos Humanos de dicha Institución. El anotado incumplimiento se enfoca en la inexistencia del ejercicio de los respectivos cargos o destinos públicos para los cuales fueron nombrados”, se lee textual en la denuncia.

El contralor general, Anel Bolo Flores, había advertido en reiteradas ocasiones que llevaría el tema al Ministerio Público. “No hemos encontrado funciones, marcaciones ni evidencias de trabajo. Esas personas serán referidas al Ministerio Público para que rindan cuentas”, dijo en su momento, señalando que mantenía retenido más de 300 cheques.

Como parte del proceso de auditoría, que inició el 20 de marzo, la Contraloría suspendió los pagos electrónicos por ACH durante abril y emitió más de 4 mil cheques manuales a los funcionarios legislativos. Esta medida permitió rastrear con mayor precisión el destino de los fondos públicos.

Además, la Contraloría publicó la planilla de abril de la Asamblea Nacional, revelando que 385 personas no tenían un lugar de trabajo identificable, lo que representa un gasto mensual de aproximadamente $675,844. En total, el personal de los 71 diputados le cuesta al Estado más de $7.1 millones mensuales.

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La denuncia de la Contraloría apunta directamente a una presunta afectación en perjuicio de la administración pública, ya que se habrían pagado salarios sin la debida contraprestación laboral. En ese sentido, el Ministerio Público deberá determinar si existen elementos para pedir responsabilidad penal sobre quienes resulten vinculados, de acuerdo a las competencias que le corresponden.

Este nuevo escándalo llega en momentos en que el Ministerio Público, bajo la conducción interina de Batista Carles, ya maneja otros casos de alto perfil, como las irregularidades en los auxilios económicos del Ifarhu, los fondos de descentralización manejados por juntas comunales y los presuntos traslados no autorizados de partidas desde la Caja de Seguro Social al Gobierno Central.

La Contraloría mantiene abierto el correo: [email protected], para que los ciudadanos hagan sus denuncias sobre información de la planilla de la Asamblea.