Feminicidio estremece a Colombia: Asesinan a modelo tras ganar demanda por violencia de género

Feminicidio

El crimen fue cometido por un hombre que simuló ser un domiciliario y usó el engaño como carnada para un ataque certero y premeditado.

Escena del crimen
Escena del crimen / IA - META

A las 8:12 de la mañana del 15 de mayo, María José Estupiñán Sánchez, estudiante de Comunicación Social, modelo e influencer conocida como “La Mona”, fue asesinada a tiros frente a su casa en la urbanización El Bosque, en Cúcuta.

Su muerte se produjo apenas un día después de que obtuviera una sentencia judicial favorable en un caso de violencia intrafamiliar contra su expareja. Las similitudes con el reciente asesinato de la influencer mexicana Valeria Márquez, ocurrido el 13 de mayo, avivan la indignación.

El asesino tocó la puerta con la excusa de entregar un regalo, unos chocolates. Cuando María José se acercó, él desenfundó un arma y le disparó en el rostro y el pecho, quitándole la vida en segundos. Las cámaras del sector grabaron la huida del sujeto, descrito como un hombre que vestía una chaqueta negra con franjas blancas, gorra roja y tenis oscuros. Su madre, testigo directo del hecho, gritó desesperadamente por ayuda, escena que fue grabada y difundida por redes sociales, generando un estallido de indignación nacional.

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Según confirmaron las autoridades, María José había interpuesto una denuncia por violencia intrafamiliar en 2018 contra su exnovio. El 14 de mayo de 2025, tan solo un día antes de su asesinato, recibió un fallo judicial que obligaba a su agresor a pagarle una indemnización de 30 millones de pesos (alrededor de 7.120 dólares) por los daños físicos y psicológicos que le causó.

La joven había reportado haber sido víctima de amenazas e intimidaciones constantes. “Según lo que hemos podido verificar, efectivamente tenía algunas amenazas y denuncias, estamos tomando todos los actos urgentes con el fin de establecer qué fue lo que ocurrió y llevar a los responsables de este hecho ante la justicia”, declaró el coronel William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Las autoridades manejan el caso como un feminicidio, y no se descarta que haya sido motivado por venganza o como represalia tras el fallo judicial. El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Leonardo Capacho, también afirmó que el asesinato podría estar directamente relacionado con el proceso legal por violencia de género que ella adelantaba.

Las versiones extraoficiales señalan que Estupiñán habría tenido una relación con uno de los dos hombres asesinados semanas antes dentro de un vehículo en el barrio Villa Antigua, en Villa del Rosario. No obstante, esta línea aún está en investigación.

María José tenía 22 años, cursaba séptimo semestre de Comunicación Social en la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS), soñaba con convertirse en presentadora de televisión y recientemente había iniciado los trámites para hacer su práctica profesional en el Canal TRO. Su proyecto de grado giraba en torno a una sistematización de radios comerciales en Cúcuta. “Ella tenía el sueño de convertirse en una presentadora de un canal importante a nivel nacional, a la par estaba realizando las gestiones para realizar sus prácticas profesionales”, reveló una fuente cercana a La Opinión.

También era emprendedora: vendía ropa deportiva y lencería a través de redes sociales, donde construía una comunidad creciente. La mañana de su asesinato, acababa de llegar del gimnasio y se preparaba para viajar a Cartagena, aunque aún no se sabe con quién o en qué fecha exacta saldría.

Sus redes sociales, aunque privadas, daban cuenta de su actividad constante: había compartido recientemente momentos en un salón de belleza y en un spa. Era, según quienes la conocieron, carismática, soñadora, apasionada por descubrir el mundo y profundamente comprometida con su futuro.

El asesinato de María José Estupiñán es una dolorosa alerta sobre los riesgos letales que enfrentan las mujeres en Colombia al denunciar violencia de género. Pese a contar con una orden judicial, ella no recibió protección suficiente del Estado. Tampoco fue activado un esquema de seguridad que la blindara ante las amenazas previas, conocidas por las autoridades.

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