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Saúl Méndez y Genaro López: los detalles detrás de la investigación en isla Bastimentos
Los hechos que sostienen acusaciones de estafa agravada, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y otros delitos en la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada.
Panamá/Este miércoles se conoció de las órdenes de aprehensión contra varios dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), entre ellos, Genaro López y Saúl Méndez, que llevaron a una sorpresiva solicitud de asilo político, a la movilización de los estamentos de seguridad y allanamientos judiciales.
Pero, ¿por qué la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada investiga a estas dos figuras y a otros, líderes de uno de los sindicatos más poderosos de Panamá? Todo comenzó cuando los activos del Suntracs se extendieron hasta isla Bastimentos, en la provincia de Bocas del Toro, luego de que le fueran entregados unos 15 lotes de 2,000 metros cuadrados cada uno —alrededor de tres hectáreas— como parte de una garantía surgida tras una huelga liderada por 412 obreros del proyecto Red Frogs.
El origen de la querella
El Suntracs llegó a Bastimentos, tras conocer que los obreros de ese proyecto habían conformado su propio sindicato. Incluso, mediante una votación, decidieron cuál organización sindical los representaría, resultando ganador el Suntracs por un voto.
Ante el incumplimiento de la empresa, se estableció una huelga que se prolongó por un año y siete meses, según nos relataron los trabajadores que promovieron la querella contra la dirigencia del Suntracs. En medio de las negociaciones con el Ministerio de Trabajo, la empresa se declaró en quiebra y se acordó, mediante un acuerdo “extrajudicial”, la entrega de las tierras.
Estas propiedades habrían sido traspasadas al Suntracs como garantía para el pago de compensaciones a los trabajadores y otras condiciones laborales, luego que fueran liquidados por Pillar Construction S.A., posteriormente a que la huelga fuera declarada legal, a favor de los obreros.
Sin embargo, ese acuerdo “extrajudicial” fue rechazado, en su momento, por los trabajadores que aseguran que desconocían las condiciones del mismo. “Los trabajadores esperaban que los terrenos, ante el incumplimiento del pago de sus compensaciones, les fueran entregados”, de acuerdo a lo que explica el abogado de los trabajadores, David Bultrón. Pero, contrario a ello, los terrenos quedaron en manos del Suntracs que, posteriormente, mediante asamblea realizada en mayo de 2022, decide hipotecarlos por el mismo monto, a través de su Cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs, R.L.
Asamblea, que los trabajadores califican como "ilegal", ya que, según alegan, no contaba con el aval de la mayoría de los trabajadores afectados.
Un año antes, los obreros solicitaron al Ministerio Público un avalúo oficial, que estimó el valor de los terrenos en 28.6 millones de dólares. Para 2025, el valor de estas tierras habría aumentado.
Según explicaron hoy a TVN-2.com Eliades Sánchez y su abogado David Bultrón, la dirigencia del Suntracs incurrió en falsedad ideológica, estafa agravada, prevaricato y otros delitos.
El defensor de López afirmó hoy que el Suntracs actuó de mutuo acuerdo con más de 200 obreros, pero los trabajadores que presentaron la querella, a través de sus abogados, insisten en que engañaron a sus compañeros dándoles menos de lo que se merecían, solo el 50% de sus prestaciones.
“Este grupo de trabajadores presentó una querella luego de una huelga en Bocas del Toro. La empresa no podía pagar la imputabilidad de la huelga, que fue fallada a favor de los trabajadores, y se llegó a un acuerdo de entrega de un globo de terrenos. Estos terrenos no representaban la suma líquida que ahora se menciona —los 28 millones de dólares—, según el avalúo que figura en la investigación”, dijo López, alegando que el avalúo en el que se basaron para la transacción fue de más de 5 millones de dólares.
De acuerdo con López, la asamblea general [realizada en el 2022] contó con la asistencia de todos los trabajadores, en la que se tomó la decisión de que el Suntracs accediera a una línea de crédito para poder cumplir con los pagos. "De esto se ha valido un grupo inescrupuloso de abogados para venderles sueños a los obreros (...). De esos 412 trabajadores, más de 300 firmaron finiquitos aceptando que se hiciera la transacción a través de la cooperativa del sindicato (...). Ese acuerdo fue legalizado por el Juzgado de Trabajo de la Quinta Sección de Bocas (2012). Es decir, aquí no hay delito alguno y a los trabajadores se les cumplió".
No obstante, los trabajadores querellantes afirman que fueron “estafados” cuando la Cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs, R.L. se involucró en el proceso y les informaron que había “secuestrado” los terrenos, sin que supieran que la misma ya pertenecía al sindicato.
De acuerdo con los extrabajadores Méndez y López, no eran ajenos a este proceso legal que le sigue el Ministerio Público.
Genaro se entrega; Saúl espera asilo de Bolivia
Precisamente, este jueves, alrededor de las 2:00 p.m., Genaro López se presentó en la Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia Organizada para conocer los motivos de la investigación. En compañía de sus asesores legales, aseguró a TVN Noticias que es "inocente" y calificó el proceso como una "persecución política".
Pasadas las 3:30 p.m., López fue trasladado desde la Fiscalía en un vehículo tipo pick-up rojo hacia la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), donde permanecerá detenido a la espera de una audiencia de garantías, que deberá ser solicitada por la Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada.
En tanto, la solicitud de asilo político presentada por Saúl Méndez ya fue remitida a la Cancillería de Bolivia. Su caso será tramitado por la Comisión Nacional de Refugiados. Esta Comisión tiene un plazo de 90 días para evaluar el caso y determinar si se le otorga o no la condición de refugiado.
El Ministerio Público dejó claro que las órdenes de aprehensiones son parte de una investigación penal iniciada en 2022.
La causa penal se originó tras una querella presentada por extrabajadores del proyecto de construcción en isla Bastimentos, quienes estaban afiliados al Suntracs. Según el comunicado, los denunciantes alegan presunta comisión de estafa agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita, falsificación de documentos y prevaricato.
