Jaime Caballero, dirigente del Suntracs, detenido por blanqueo de capitales

Panamá/La audiencia contra Jaime Caballero, dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) en Chiriquí, culminó en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora con la imputación de cargos y la imposición de medidas cautelares.

Tras siete horas y media de audiencia, la jueza de garantías, Meylin Jaén, le imputó cargos por presuntos delitos de blanqueo de capitales y delitos financieros a Caballero. Además, como medida cautelar, le impuso la detención provisional, por considerar que puede haber riesgo de destrucción de pruebas y no comparecencia en el proceso.

Mientras se realizaba la audiencia, miembros del Suntracs, con banderas en mano, se mantenían a las afueras del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora.

La audiencia

La jueza consideró que el Ministerio Público (MP) presentó los elementos de convicción para que se inicie una investigación en dos tipos penales de delito: de orden económico en la modalidad de delito financiero y blanqueo de capitales en calidad de autor, por lo que tendrá seis meses para culminar la investigación y se abre la posibilidad de salidas alternas, indicó la jueza.

Jaén consideró que la defensa de Caballero no aportó pruebas para saber la licitud de los dineros; además, recordó que la misma se comprometió a presentar otros datos respecto a la investigación y acto seguido oficializó la imputación de Caballero, por el presunto delito de blanqueo de capitales y delitos financieros. Con ello, se vinculó formalmente al proceso al dirigente del Suntracs, basándose en los artículos 254 y 244 del Código Penal.

Después de un receso de cinco minutos, el fiscal Emeldo Márquez solicitó a la jueza que se impusiera la medida cautelar la detención provisional, debido a que el acusado puede fugarse, eliminar pruebas, etc. Petición que fue refutada por la defensa del dirigentes, a cargo del abogado César Ruiloba, quien señaló que hay elementos que no son relevantes y que aún no se han probado. Además, recordó que su cliente debe firmar en otros casos y violaría ese proceso de estar detenido y que no hay peligro de fuga. Pidió que se le diera reporte los 15 y 30 de cada mes en la provincia de Chiriquí.

Cabe recordar, que Caballero fue aprehendido el pasado 14 de mayo, tras concluir otra audiencia en la que se le formularon cargos distintos. En ese caso, se le impusieron medidas cautelares que incluían la obligación de firmar los días 15 y 30 de cada mes, además del impedimento de salida de la provincia.

Tras escuchar a las partes, la jueza decretó como medida cautelar de detención provisional.

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Los detalles financieros y la opinión de Caballero

En la audiencia la Fiscalía pidió se le imputara a Caballero cargos por blanqueo de capitales, mientras que la defensa asegura que esa figura no cabe pues todo lo que se ha planteado se puede probar y no existe víctima de delitos financieros, ni auditorías que detallen lo planteado por el Ministerio Público, solo un "informe preliminar".

La investigación, de acuerdo al MP, inició en marzo de este año, con una alerta bancaria que llegó a la Unidad de Análisis Financieros (UAF), quien remitió el informe a las autoridades. El mismo detalla una serie de movimientos bancarios.

El fiscal Emeldo Márquez sostuvo que el dirigente del Suntracs, Jaime Caballero, habría recibido, transferido y utilizado fondos provenientes de actividades ilícitas realizadas por integrantes de la junta directiva del Suntracs. Según la acusación, estos miembros, aprovechando su posición dentro del sindicato, autorizaron transferencias y firmaron cheques en beneficio propio, con el objetivo de ocultar el verdadero origen del dinero.

Una de las maniobras descritas por el fiscal es la estratificación de fondos. Caballero habría transferido dinero a cuentas bancarias a su nombre y al de su hija. Parte de esos fondos habrían sido destinados a cubrir gastos personales, pagos de tarjetas de crédito y la compra de insumos para un negocio familiar.

Otra acción señalada fue el pago de deudas personales con fondos del sindicato. En junio de 2024, Caballero habría utilizado cheques de gerencia por un monto de $39,252.72 para saldar una deuda con el Banco de Desarrollo Agropecuario. Para ello, según la Fiscalía, presentó información falsa sobre el origen del dinero [Estado Financiero].

El fiscal detalló que, entre 2020 y 2025, Caballero recibió en su cuenta bancaria un total de $699,256.21, el cual se desglosa de la siguiente manera:

• $210,833.16, depósito en cuenta de ahorro sin libreta
• $175,026.80, proveniente de ACH de Productos Alimenticios Pascual
• $60,090.00, de depósitos en cajeros automáticos (ATM) al Banco General
• $50,837.50, vía ACH del Sindicato Único de Trabajadores y Similares
• $64,323.94 y $1,040.00, transferencias por banca en línea y Yappy por parte de Kathia Caballero
• $5,827.25 y $3,731.00, transferencias entre cuentas y Yappy con María Isabel Cordero
• $71,043.85, transferencias entre cuentas con Ariel Rodríguez
• $1,090.00, recibido vía Yappy de Kadir Méndez
• $7,925.00, transferido vía Yappy por Saúl Méndez
• $29,465.31, recibido a través de Yappy
• $23,843.65, recibido mediante otras transferencias por banca móvil

“De esos montos de dinero, establece el analista que se han debitado $616,503.59”, indicó el fiscal.

Sin embargo, la defensa de Caballero, a cargo del abogado César Ruiloba, sostuvo que todo lo presentado por la Fiscalía no demuestra ni un delito financiero, ni la existencia de un blanqueo de capitales. A su juicio, ninguna de las entidades que se acreditan como víctimas o afectadas por el supuesto delito financiero de Caballero ha reportado alguna situación en contra de las operaciones del sindicalista.

Aseguró que solo existe un informe preliminar y no categórico por parte del Ministerio Público para solicitar la imputación de cargos. Incluso, en la audiencia, Ruiloba afirmó que el 27 de marzo de este año, el Banco General —entidad a la que el MP presenta como víctima— certificó a su representado como una persona de “perfil de bajo riesgo”.

Además, el abogado cuestionó: “Si ni el Banco General ni el Banco de Desarrollo Agropecuario han reportado denuncias o quejas, ¿quién generó esa alerta roja en la Unidad de Análisis Financiero (UAF), dependencia adscrita al Ministerio de la Presidencia?”

“Los fondos son lícitos y de fuente legal, se han generado y se pueden justificar”, insistió el abogado, por lo que, a su juicio, no se puede dar la imputación.

Señaló que la persona mencionada como María Aizpurúa, supuesta contadora pública, no aparece en los registros panameños como contadora idónea, de acuerdo con el Ministerio Público. En ese contexto, indicó que debe aclararse si su representado sabía o no que ella no era idónea.

Habla Caballero

Antes de culminar la etapa de presentación de alegatos y que se dictara la imputación de cargos, Caballero declaró sentirse "afectado por esta acusación", que calificó como “totalmente infundada”.

“Yo soy de Boquete, me hice allá trabajando. Las garantías de ese préstamo son la finca que me heredó mi mamá. Yo tengo 55 años, y en algún momento me volví sindicalista (…) Siendo dirigente sindical me hice abogado. Aquí se ha involucrado a mi hija, que tiene 36 años. Yo soy abuelo (…) Aquí el señor Presidente, alguien del Estado, nos amenazó con que iba a reducir el Suntracs (…)”, dijo.