Expectativas del presupuesto de 2026

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha iniciado sus entrevistas con los distintos ministerios e instituciones descentralizadas para la elaboración del presupuesto general del Estado correspondiente al año 2026. Tal presupuesto genera altas expectativas por diversas razones.

La primera es que es técnicamente el primer presupuesto elaborado por el actual ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, durante su primer año completo y plenamente bajo su propia metodología.

El presupuesto de 2024 fue elaborado en 2023 por la administración saliente de Laurentino Cortizo, por lo que Chapman no tuvo control sobre su formulación. Y el de 2025 se construyó durante el segundo semestre del año pasado, cuando el equipo de Chapman apenas comenzaba a instalarse, conocer a los funcionarios y asumir el control institucional, lo que limitó tanto el tiempo como el ámbito de su acción.

De hecho, ese presupuesto fue el que más tardío ha sido aprobado en las últimas décadas, en parte porque el ministro Chapman intentó originalmente reducir el gasto público a aproximadamente $26,000 millones. Sin embargo, presiones sociales y legislativas, entre ellas la exigencia de destinar el 7% del producto interno bruto (PIB) al sector educativo, obligaron a aprobar un presupuesto superior a los $30,000 millones.

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Tal situación generó preocupación entre las agencias calificadoras y los acreedores internacionales, pero Chapman, quien cuenta con un importante prestigio internacional, logró calmar a los mercados mediante visitas y llamadas.

Actualmente, el MEF desarrolla su proceso de consultas ministeriales y técnicas para comenzar a definir el presupuesto de 2026 a partir del cierre del primer semestre del año. Esto con el propósito de consolidar una estrategia fiscal coherente y sostenible, además de evitar un proceso de aprobación presupuestaria apurado y tropezado como aquel del año pasado.

Cabe destacar que aún sigue vigente la obligación de asignar el 7% del PIB al sector educativo.

Por otro lado, una razón adicional por la que el presupuesto de 2026 genera altas expectativas es porque las casas calificadoras de deuda están observando al país de cerca para evaluar el comportamiento del gasto público programado para el próximo año y si el ministro Chapman logrará contener efectivamente su crecimiento, incluyendo posibles recortes o despidos en la administración pública.

El MEF ya anunció una contención de gasto dentro de la ejecución del presupuesto actual por $1,900 millones, por lo que se espera que revise a fondo los presupuestos institucionales para identificar posibles recortes de cara al próximo año.

Aquí es importante notar que un escenario de despidos resulta poco probable debido a la existencia de leyes especiales que no sólo dificultan la desvinculación de funcionarios, sino que, además, garantizan aumentos salariales automáticos.

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De hecho, entre 2020 y 2024, el incremento acumulado del gasto público tan solo por los aumentos salariales superó los $4,000 millones. Para 2025, el gasto total en planilla se calcula en alrededor de $7,000 millones, casi tres veces los aportes del Canal de Panamá al Tesoro Nacional, lo que evidencia una carga fiscal que requiere atención urgente.

Las casas calificadoras también estarán atentas a si el presupuesto del próximo año contemplará ingresos provenientes de la operación de la mina de cobre en Donoso.

Existe una alta probabilidad de que las negociaciones con la empresa minera se desarrollen durante el segundo semestre de este año, en paralelo con la formulación del presupuesto. Esto podría retrasar su aprobación hasta que dichas negociaciones concluyan, ya que, de lograrse un acuerdo, el Gobierno Nacional buscará reflejar tales ingresos en el presupuesto del próximo año para así enviar una señal positiva a las casas calificadoras. Tal inclusión ayudaría a aliviar la presión sobre el grado de inversión del país.

Ahora bien, si no se logran incluir ingresos por parte de la mina en el presupuesto para 2026, el MEF deberá comunicar con claridad a las casas calificadoras y a los acreedores internacionales que dichos ingresos aún podrían materializarse en tal año, y que se realizaría entonces un ajuste presupuestario.

El ministro Chapman ha reiterado en múltiples ocasiones que considera el presupuesto como un instrumento flexible, sujeto a modificaciones a lo largo del año en respuesta a la situación económica. Por ejemplo, el presupuesto de 2024 fue modificado en septiembre de ese mismo año, a tan solo meses de inaugurada la nueva administración política de José Raúl Mulino.

En ese sentido, no se descarta que la discusión sobre los ingresos mineros se extienda hasta el primer semestre de 2026, lo cual podría requerir una reforma legal al presupuesto de ese año por la Asamblea Nacional, implicando una nueva ronda de negociaciones políticas.

Cabe indicar sobre el tema minero que el Gobierno Nacional ha enviado señales claras de que no permitirá actos de disrupción social ante eventuales protestas. Esto se refleja en la reciente reapertura de vías en Bocas del Toro mediante el uso de la fuerza pública.

Sobre el contenido del presupuesto para 2026, se espera que los ministerios que más dinero recibirán serán los mismos de siempre: el Ministerio de Educación, con un presupuesto superior a los $5,000 millones, el doble de los aportes anuales del Canal de Panamá; el Ministerio de Salud, con cerca de $2,500 millones; y el Ministerio de Seguridad, con aproximadamente $1,000 millones.

Tal asignación revela lo apretada que está la cartera pública. Tan solo el Ministerio de Educación consume la totalidad de los ingresos tributarios del país, que rondan los $5,000 millones. Y luego, el Ministerio de Salud absorbe el total de los aportes generados por el Canal de Panamá.

Como resultado, para cubrir los gastos del resto de los ministerios, incluyendo el de Seguridad, además de las transferencias a las instituciones descentralizadas, el Estado debe recurrir al endeudamiento.

Todo esto sugiere que la presión sobre el crédito panameño será considerable en el próximo presupuesto, subrayando la urgencia de consolidar las finanzas públicas para mantener acceso a capital bajo condiciones favorables.

Si Panamá continúa pagando tasas de interés elevadas, alrededor de 8%, para financiar gastos recurrentes como la planilla estatal, el país avanzará en una peligrosa ruta hacia la insolvencia. Ya la situación resulta demasiado onerosa: el Estado no solo debe endeudarse para pagar salarios de funcionarios, sino que debe pagar interés sobre tales salarios también.

Dentro de ese contexto, incluso un aumento sustancial de la productividad nacional no aliviaría la situación, ya que el beneficio se vería destinado principalmente al repago de la deuda externa, en lugar de fortalecer los servicios públicos esenciales como salud y educación.

Por todo esto, y más, el presupuesto de 2026 promete ser histórico. Y en esta columna daremos seguimiento a todo el proceso de su desarrollo, aportando el contexto necesario a medida que avance, con el objetivo de documentar lo que probablemente será uno de los episodios más trascendentes en la historia de las finanzas públicas de Panamá.