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La Antai sanciona a representante de Burunga y a vicealcalde de Arraiján ¿Qué pasó?
Representante de Burunga y vicealcalde de Arraiján enfrentan medidas por incumplimiento del Código de Ética Pública.
La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), como entidad rectora en ética pública, ha impuesto sanciones a dos servidores que operan en el ámbito del gobierno local. Se trata de la representante del corregimiento de Burunga [Lohannyz Gaitán] y el vicealcalde del Municipio de Arraiján [Oliver Ríos], tras comprobarse violaciones al Código de Ética de los Servidores Públicos.
En el caso de la representante del corregimiento de Burunga, la denuncia se originó por la supuesta falta de cumplimiento adecuado de las labores del personal a su cargo en la Junta Comunal. La investigación llevada a cabo por Antai reveló que los informes mensuales presentados por sus colaboradores carecían de supervisión formal, como firmas o evidencias que avalaran las actividades reportadas.
Esta ausencia de control y supervisión directa se traduce en una negligencia administrativa y una vulneración del Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos, el cual exige actuar con la diligencia y responsabilidad de un buen administrador de sus propios bienes. Antai concluye que la omisión en verificar y validar las actividades de su equipo genera un ambiente de informalidad, afecta la transparencia y pone en riesgo el correcto uso de los recursos públicos, dañando la confianza ciudadana. En consecuencia, la representante de Burunga violó los artículos 1, 4, 8 y 24 del Decreto Ejecutivo No. 246 de 2004, que rige el Código de Ética de los Servidores Públicos, debido a su falta de responsabilidad, prudencia y cumplimiento adecuado de su cargo.
Por otra parte, el vicealcalde del Municipio de Arraiján fue objeto de una denuncia anónima por presuntamente tener familiares directos trabajando bajo su supervisión. La investigación de Antai confirmó que durante varios meses estas funcionarias laboraron en dicha alcaldía.
La situación se configuró como un claro conflicto de intereses, dado el vínculo familiar cercano entre el vicealcalde y las funcionarias. Esta circunstancia, según Antai, afecta la objetividad y transparencia en sus decisiones administrativas, incumpliendo los principios de imparcialidad y equidad.
