Rector de la Universidad de Panamá solicita mediación de la Defensoría del Pueblo ante medidas de la Contraloría

Ciudad de Panamá/El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro, ha solicitado formalmente al defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, su intervención como mediador frente a la crisis institucional generada por recientes medidas adoptadas por la Contraloría General de la República, las cuales, según denunció, afectan el normal funcionamiento de la primera casa de estudios superiores del país.

Durante su pronunciamiento, el rector expresó su preocupación por la decisión de la Contraloría de remover a los funcionarios de la Dirección de Control Fiscal que operaban dentro de la universidad. Según explicó, esta acción ha dejado sin el debido control fiscal interno a la universidad, lo que ha impactado directamente en el cumplimiento de funciones esenciales para su operación.

“Entendemos que, en momentos de crisis, salvaguardar la vida de las personas es lo primordial; sin embargo, consideramos que no era necesario ni urgente adoptar esa medida”, añadió el rector.

Flores Castro argumentó que la Universidad de Panamá ha mantenido una relación transparente y cooperativa con la Contraloría, cumpliendo cabalmente con las normas de control presupuestario establecidas por la Constitución, la ley y el Estatuto Universitario. Recordó que por años ha existido una oficina de Control Fiscal dentro de los predios universitarios, cuya presencia ahora ha sido suspendida.

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“Siempre ha existido una comunicación amistosa y transparente con la Contraloría General de la República para regular el control y garantizar el correcto funcionamiento del presupuesto; prueba de ello es la presencia, que actualmente ha sido suspendida, de la Oficina de Control Fiscal dentro de los predios universitarios”, destacó.

Una de las principales consecuencias señaladas por el rector ha sido la afectación del funcionamiento de las cafeterías universitarias, tanto en el campus central como en los diez centros regionales del país. Estos espacios brindan un servicio de alimentación esencial a los estudiantes, con un menú básico a bajo costo (B/. 0.50). La parálisis administrativa producto de las medidas impuestas ha puesto en riesgo la continuidad de estos servicios.

En este contexto, el rector solicitó al defensor del Pueblo que interceda ante la Contraloría para que se amplíen las excepciones contenidas en la resolución 1510-DNFG, particularmente su parágrafo segundo, que actualmente excluye de ciertas limitaciones presupuestarias únicamente a las facultades de Medicina y Ciencias Agropecuarias. Flores Castro propone que se incluya también a las cafeterías universitarias en todo el país dentro de estas excepciones, permitiendo el refrendo de partidas hasta por B/. 50,000.00 por parte de los coordinadores y supervisores autorizados.